OMAHA, Neb. — Las autoridades del Condado de Douglas arrestaron a la segunda persona implicada en un caso de explotación financiera y abuso contra un adulto vulnerable en Omaha.
De acuerdo con documentos judiciales, Patrick Thornton, de 39 años, y Andrea Heim, de 42, enfrentan un cargo cada uno por abuso de un adulto vulnerable.
El caso comenzó luego de que un trabajador social de Hands of the Heartland reportara movimientos sospechosos en la tarjeta de débito de un adulto con discapacidad, bajo tutela legal debido a su condición médica.
Thornton y Heim, quienes vivían juntos y estaban asignados como cuidadores del adulto desde marzo, recibían un estipendio mensual de $755 para cubrir los costos de hospedaje y alimentación. Sin embargo, la investigación reveló más de $2,500 en compras no autorizadas en la tarjeta de la víctima, incluyendo comida rápida, productos de tabaco y ropa.
Videos de seguridad mostraban a personas con características similares a los sospechosos realizando parte de esas compras.
En julio se emitieron órdenes de arresto contra ambos. Thornton fue detenido días después y actualmente enfrenta proceso judicial, sin fecha de juicio programada.
Este lunes, los agentes arrestaron a Heim. Un juez del condado fijó su fianza en 10% de $5,000. Su próxima audiencia está programada para el 24 de octubre.
Registros adicionales muestran que Thornton ya tenía antecedentes, con una condena por amenazas terroristas en 2015.
Por su parte, Hands of the Heartland emitió un comunicado asegurando que, tras detectar las irregularidades en mayo de 2025, reportaron el caso a las autoridades, cancelaron el contrato con los cuidadores y cooperaron con la investigación. También confirmaron que los acusados cumplían con los requisitos legales y revisiones de antecedentes al momento de ser contratados.
Declaración completa de Hands of the Heartland
“Hands of Heartland descubrió irregularidades en la cuenta financiera de nuestro cliente a través de procesos de auditoría rutinarios en mayo de 2025 y reportó sus preocupaciones a las autoridades correspondientes, en cumplimiento con las regulaciones estatales y de la empresa. La compañía terminó inmediatamente la relación con los proveedores contratados y cooperó plenamente con las investigaciones. Una revisión interna confirmó que los contratistas cumplían con los lineamientos requeridos para proveer servicios de vivienda compartida, incluyendo los relacionados con la revisión de antecedentes penales. La seguridad y el bienestar de las personas a las que apoyamos son nuestra máxima prioridad. Continuaremos haciendo todo lo posible para apoyar al cliente afectado en esta situación.”
